El gobierno de EE. UU. apura la construcción de un muro fronterizo con un mayor control de tierras cercanas

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que los ocho prototipos de muro fronterizo completados en octubre serían probados durante los próximos meses para determinar cuál funcionaba mejor.CreditJosh Haner/The New York Times

WASHINGTON — El gobierno de Trump busca obtener una nueva autoridad para comprar tierras cerca de la frontera con México como parte de su plan para construir rápidamente barreras contra la inmigración, lo que ha enfurecido a activistas que afirman que eso violaría las libertades y pondría en peligro al medioambiente con tal de hacer realidad la promesa de campaña del presidente.

Los cambios propuestos están detallados en un documento del presupuesto para seguridad fronteriza que fue elaborado por una agencia del Departamento de Seguridad Nacional. Fue entregado al congreso la semana pasada en una solicitud de recursos por 33.000 millones de dólares para seguridad fronteriza para la próxima década, incluidos 18.000 millones para un muro de más de 1500 kilómetros en la frontera mexicana que el presidente Trump ha convertido en una prioridad para combatir la inmigración ilegal.

El Departamento de Seguridad Nacional ya posee una amplia autoridad que la exime de un gran espectro de regulaciones federales que de otra manera limitarían su capacidad de construir bardas fronterizas y caminos de acceso o agregar sensores y cámaras en el terreno. No queda claro por qué los cambios solicitados son necesarios y un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó discutir la propuesta como “un asunto de políticas”.

El documento del presupuesto dice que la propuesta “clarificaría y expandiría” la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para hacer caso omiso de leyes federales para rápidamente construir muros fronterizos. También solicita permiso al congreso para ya no verse obligado a trabajar con otras agencias federales, como el Servicio de Parques Nacionales, para usar terrenos por razones de seguridad.

El documento dice que el cambio en la autoridad del departamento le permitiría una “adquisición más expedita” de tierras y “eliminar ciertas limitaciones geográficas”. El sistema actual, indica el documento, “puede poner obstáculos o retrasar actividades de seguridad fronteriza”.

Los demócratas ya han externado dudas de que la propuesta de presupuesto sea aprobada, al describirla como poco realista.

Grupos de activistas de derechos civiles y medioambiente calificaron la propuesta de indignante y destacaron que Seguridad Nacional prácticamente ya tiene autoridad ilimitada para hacer caso omiso de regulaciones federales que rigen el uso de las tierras. Entre las leyes que el secretario de Seguridad Nacional puede ignorar se encuentran la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro, la Ley Federal para Combatir la Contaminación del Agua, la Ley Nacional para la Preservación Histórica y la Ley de Protección de las Águilas.

“Ya cuentan con la autoridad más extensa dada a una agencia por el congreso, ¿y quieren expandirla?”, dijo Efrén C. Olivares, un abogado con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas en Álamo, Texas. El grupo ha representado a propietarios de tierras que se oponen al muro fronterizo. “Esto debería encender todo tipo de focos rojos”.

Grupos ambientalistas dijeron que los muros fronterizos no solo militarizarían la frontera sur y violarían las libertades civiles de las comunidades en el lugar, sino que  también pondría en riesgo la vida silvestre y las especies en peligro de extinción en la región.

“El gobierno no se detendrá por nada para cumplir con una promesa política de construir un muro fronterizo que no frenará el ingreso de drogas o inmigrantes”, dijo Brian Segee, un abogado del Centro para la Diversidad Biológica, quien demandó al gobierno de Trump en abril en relación con los prototipos de muro fronterizo en San Diego.

Los anteriores secretarios de Seguridad Nacional han usado en repetidas ocasiones la autoridad existente del departamento para ignorar regulaciones, incluida la de construir barreras fronterizas.

Michael Chertoff, quien desempeñó el cargo durante la presidencia de George W. Bush, eximió al departamento cinco veces entre 2005 y 2008, con lo que ignoró por lo menos 36 leyes federales para construir la mayoría de los casi 1200 kilómetros de muros fronterizos que todavía están en uso.

Recientemente, John F. Kelly, quien era el secretario de Seguridad Nacional de Trump antes de convertirse en su jefe de gabinete, ignoró leyes ambientales y de otros tipos el año pasado para construir los prototipos de muro fronterizo, caminos de acceso y bardas de remplazo en el área de San Diego.

En la demanda, presentada ante la Corte del Distrito Federal en San Diego, el Centro para la Diversidad Biológica argumenta que el gobierno de Trump ha fallado en estudiar el impacto ambiental de los prototipos de muro antes de prepararse para su construcción.

La demanda pone en duda la autoridad de Seguridad Nacional para hacer caso omiso de más de treinta leyes ambientales. Afirma que la orden para ignorar leyes usada para construir los prototipos es inconstitucional y excede los límites del poder ejecutivo.

Ocho prototipos de muro fronterizo fueron completados en octubre pasado. Funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que los prototipos serían probados durante los próximos meses para determinar cuál funciona mejor en frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico.

El lunes, el Caucus Hispano del Congreso presentó un documento de amicus curiae en apoyo de la demanda del Centro para la Diversidad Biológica contra el muro fronterizo del gobierno de Trump y los proyectos de prototipos cerca de San Diego.

En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una controversia constitucional presentada por grupos ambientalistas y miembros del congreso contra la autoridad de hacer caso omiso del Departamento de Seguridad Nacional.

FUENTE: The New York Times




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