Omisiones y falta de registro dejan a huérfanos por feminicidio sin reparación del daño

Omisiones y falta de registro dejan a huérfanos por feminicidio sin reparación del daño

Niños quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no es suficiente para que el Estado mexicano les dé la atención requerida.

Campira Camorlinga Alanís fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, por su entonces pareja sentimental, Jorge Humberto “N”, hoy detenido.

Sus hijos, Carlos y Alexa, perdieron a su madre, quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no fue suficiente para que el Estado mexicano les diera reconocimiento como tal.

Durante casi dos años los menores “no existieron” en la investigación. En consecuencia, los hermanos, ambos menores de edad, no han recibido la asistencia que el Estado está obligado a brindarles, como terapia psicológica y apoyo para su educación, derechos que forman parte de la reparación integral del daño establecida en la Ley General de Víctimas.

Bajo esta situación hay miles de menores de edad, que han quedado huérfanos por feminicidio en los últimos años.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a mayo de 2019 se registraron 3 mil 17 feminicidios, de los cuales alrededor de 2 mil víctimas tenían más de 18 años, lo que significa que pudieron estar en edad reproductiva y haber sido madres de familia.

Además, en el mismo periodo el SESNSP registra 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso, sin especificar cuántos de estos casos pueden ser investigados como feminicidio.

De todas estas mujeres asesinadas, no hay información sobre cuántas eran madres y por tanto se desconoce el número total de menores que quedaron en orfandad.

Animal Político solicitó vía transparencia a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las 32 entidades los registros de huérfanos víctimas de feminicidio que han recibido atención desde 2012.

De acuerdo a los registros, oficialmente solo están registrados por las autoridades 238 huérfanos que reciben atención del Estado como víctimas de la violencia.

Menores que no existen para el Estado

Los huérfanos por feminicidio deben estar amparados en la Ley General de Víctimas —creada en 2013 y reformada en 2017— bajo la figura de víctimas indirectas, “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”.

Según esta ley, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, dependencias e instituciones públicas tienen que velar por la protección de las víctimas indirectas y deben brindarles atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y asistencia social, además de garantizar las medidas de reparación integral, la cual incluye las “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”.

Los diferentes niveles de gobierno que no cumplan con estos principios “quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.

Pero en la realidad, sin un registro nacional, se desconoce cuántos menores logran acceder a estos derechos y qué tipo de ayuda reciben.

Según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados por Animal Político, en su mayoría, las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio no logran la reparación integral del daño por: deficiencias en la investigación, omisiones en el proceso judicial, desconocimiento de los funcionarios de los ministerios públicos sobre los derechos de las víctimas indirectas, y que ninguna dependencia federal tiene la facultad u obligación de hacer un registro oficial de estos casos.

En entrevista, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica que un registro de huérfanos por feminicidio no existe porque no está estipulado por la Ley. Por tanto, la Comisión solo cuenta con un registro nacional de víctimas directas e indirectas.

Otra de la razones, según Gail, que complican tener una base de datos nacional es que el feminicidio es un delito que se atiende a nivel local, por lo que es más factible que cada estado lleve su registro acorde a sus leyes.

“En la CEAV tenemos la facultad de atraer casos locales a nivel federal, pero solo cuando es solicitado por las víctimas indirectas, siendo así la única manera en la que podríamos contar con un registro más preciso”, refiere.

El hecho de que en varios estados las comisiones locales apenas se están creando también imposibilita contar datos nacionales.

Gail detalla que en los últimos dos años, la Comisión ha impulsado políticas públicas con las que se logren atraer más casos a nivel federal, y así garantizar que los menores logren una reparación integral del daño.

Por el momento la CEAV no puede hacer más que lo que está establecido en la Ley, que es atraer casos —cuando haya elementos de trascendencia nacional—, emitir opiniones técnicas y vigilar que se cumpla con la reparación integral del daño, esto último a solicitud de las víctimas o de una ONG.

Para una opinión técnica, la CEAV elabora un expediente del caso, hace un análisis técnico jurídico y entrega conclusiones que tienen que ser tomadas en cuenta en la investigación.

En marzo pasado, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció, como parte de la estrategia para combatir la violencia de género, la creación de un registro de víctimas indirectas, particularmente menores de edad, que sean dependientes económicos de mujeres asesinadas, además de un acompañamiento integral.

El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el periodo mencionado para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra.

Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados.

Víctimas deben pelear por sus derechos

Al no existir para el Estado, las víctimas acuden a otras dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir los derechos que les corresponden.

Fuente: Animal Político

Redacción R

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