PGJE liberó a delincuentes confesos en compraventa de niños

PGJE liberó a delincuentes confesos en compraventa de niños

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Grupo Larsa Comunicaciones.- 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberó bajo fianza a los líderes de la red de tráfico de menores Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López, quienes confesaron la sustracción ilegal de 19 niños desde 2013 a la fecha en Sonora y Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente penal 298/2015, en poder de Larsa Noticias, el 11 de mayo anterior, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, extitular de la Línea Protege y exprocurador de la Defensa del Menor y la Familia dependiente del Sistema DIF Sonora, confesó que elaboró trece oficios en ausencia del procurador, Francisco Javier Izaguirre, para sustraer menores del Hospital Infantil y entregarlos a parejas en busca de adoptar niños.

“Nunca fijé una cantidad de dinero por lo que hacía debido a que mis acciones eran encaminadas   por el bienestar y futuro de los menores en manos de familias aptas para su desarrollo”, cita la declaración ministerial de Arzate.

“José Manuel Hernández López, exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora es quién comenzó a cobrar dinero por la entrega de menores y en complicidad con el doctor Edgar Vázquez Tello (regidor priista a cargo de la Comisión de Salud en el Cabildo de Empalme), quien obtenía los avisos de nacimiento por 15 mil pesos, a fin de que los futuros padres registren legalmente a los menores”, señaló.

Y precisó: “Hernández López cobraba la mitad de la suma pactada en la mayoría de los casos a 110 mil pesos por niño, posteriormente citaba a los futuros padres conmigo en las instalaciones del Hospital Infantil del Estado de Sonora para llevar a cabo la entrega”.

En tanto, el exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, Hernández López, en su declaración ministerial del pasado 9 de mayo admitió participar en sólo seis casos, de los cuales, cinco fueron entregados a diversas familias y una menor se quedó en manos de su pareja sentimental, Emma Consuelo Falcón Etchechury.

El inculpado informó a las autoridades investigadoras que en 2010 conoció al subprocurador Arzate, cuando este último recién había ingresado al Sistema DIF Sonora, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero fue hasta septiembre del 2013 que estableció comunicación con él luego de que una amiga de su pareja mostró interés por adoptar un bebé .

“Con la finalidad de apoyar a la amiga de mi pareja sugerí a Arzate Carbajal conseguir una partida de nacimiento para agilizar la entrega del menor y también  poder registrarlo como hijo legítimo”, subrayó Hernández en su declaración ministerial.

“Él (Arzate Carbajal) accedió con el argumento de que no sería complicado debido que el puesto que tenía en la Procuraduría de la Defensa del Menor le facilitaba tener acceso a los menores recién nacidos, que estaban en calidad de abandono o que eran hijos de madres drogadictas”, puntualizó.

“Desde el principio estuvimos de acuerdo estuvieron de acuerdo desde el principio que el costo para “entregar” a un menor sería de 110 mil pesos incluyendo 15 mil pesos que se requirió  para adquirir la partida de nacimiento en el Municipio de Empalme con un doctor  de nombre Edgar Vázquez”, aceptó.

No sólo eso. También dijo que en marzo del 2014 junto con su pareja sentimental, Emma Consuelo Falcón, entregó en Santa Ana a un menor con un oficio membretado por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que avalaba la custodia a unos “padres adoptivos”, originarios de Nogales.

Omisión de la autoridad

El tercero de los inculpados, el edil Edgar Vázquez Tello, acusado de vender hasta en 15 mil pesos los avisos de nacimiento –que legitiman “las adopciones”-, en ningún momento fue citado a comparecer ante la procuraduría.

De acuerdo con la acción penal el expediente del galeno portense sólo fue incluido en la investigación como testigo de los hechos.

Informe estadunidense

El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos reveló que la red de tráfico de niños en Sonora se extendió a una escala internacional.

La oficina estadunidense advirtió el 26 de marzo al procurador, Carlos Navarro Sugich sobre las actividades “transfronterizas” lideradas por José Manuel Hernández López, de 37 años, exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien se encarga de contactar a los padres interesados para ofrecerles a los pequeños.

Asimismo, Emma Consuelo Falcón Etchechury, de 36 años, pareja sentimental de Hernández López, quien lo acompañaba para para consolidar la compraventa de menores.

Según el reporte ICE007/2015, firmado por Mario H. Méndez, agregado adjunto al Departamento de Seguridad Interior, informó a la fiscalía sonorense que una “fuente confidencial”, que hoy se sabe que es Angélica Jetzabeth Mancinas Maldonado, detalló que un grupo de personas se dedica a la venta de niños recién nacidos y han “formado una red compleja” para que la pareja “adoptante” se convierta en “padres biológicos” ante la Ley.

Pese al llamado internacional, la procuraduría local tardó quince días para solicitar la presentación urgente de José Manuel Hernández López y Vladimir Arzate Carbajal, exsubprocurador de la Defensa del Menor del DIF Sonora, quién fue localizado en Cancún, Quintana Roo, donde se encontraba de luna de miel acompañado de su esposa Marisol Espinoza, misma que también labora en la fiscalía estatal.

Larsa Noticias reportó que la “cloaca” se destapó el 8 de mayo anterior cuando un grupo de supuestos padres adoptivos realizaron una manifestación por fuera de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo para exigir la entrega de los pequeños por quienes habían pagado cantidades de dinero que oscilaban entre los 100 mil hasta 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de los Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares, unos 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha.

La acción penal fue encabezada por el director de averiguaciones previas, Luis Enrique Verdugo Toledo, quien integró un expediente en la agencia primera de Querellas contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, bajo el número 01/2015, por la presunta trata de personas, al gestionar adopciones irregulares, incluyendo entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero.

Tres y medio meses después, el 27 de agosto, la procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta este día haya resultados oficiales de las pesquisas.

Según datos oficiales del Sistema DIF Sonora sólo en 2012 y 2013 estuvieron en riesgo de ser víctimas de esta red de tráfico infantil unos 132 niños, quienes fueron clasificados como Hijos de Madres Toxicómanas (HMT).

Señalan engaño

Finalmente, el abogado defensor de los “padres adoptivos”, Blake Urrutia justificó a nombre de sus clientes que fueron “víctimas de un engaño”.

Dijo que los inculpados asistieron a cursos, cumplieron con los requisitos de la institución y con “esfuerzos” respondieron a la petición monetaria de los antes mencionados.

“Mis clientes nunca vieron nada extraño porque las personas que se entrevistaron porque portaban camisas con logos oficiales”, concluyó.

Redacción

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