Recibió 4T propuesta para modernizar penales

Recibió 4T propuesta para modernizar penales

Al inicio de la presente administración, el órgano Prevención y Readaptación Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibió el documento “Tercera reforma penitenciaria, Propuesta para una trasformación integral, inaplazable, redituable e histórica”.

A 23 meses de gobierno, la dependencia emitió el Acuerdo de su titular, Alfonso Durazo Montaño, que ordenó el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Occidente, ubicado en Puente Grande, Jalisco.

Entre todas las recomendaciones que un grupo de especialistas penitenciarios realizaron al Gobierno de México, en ninguna se incluye el cierre o desincorporación de centros carcelarios, como se empezó a aplicar desde el 28 de septiembre de este año.

Fuentes de la SSPC explicaron que el documento “Tercera reforma penitenciaria” se entregó al inicio de la gestión de Francisco Garduño, como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado PRS.

Sin embargo, el funcionario fue removido para encargarse de la comisión del Instituto Nacional de Migración (INM) y en su lugar fue nombrado José Ángel Ávila, sin que se mostrarán intensiones de atender a las recomendaciones de los especialistas.

En el documento se parte de la explicación de que a lo largo de la historia del país, se han realizado dos reformas penitenciarias, la primera a cargo del presidente Porfirio Díaz, quien, entre otras cosas, ordenó el cierre de la Cárcel de Belén y puso en operación la Penitenciaria de Lecumberri, en la Ciudad de México.

A nivel federal, fue en esa administración que se puso en operación la Colonia Penal de las Islas Marías, que a lo largo de más de 100 años, se transformó en cinco penales federales, los primeros que fueron cerrados en la Cuarta Transformación, para hacer un centro cultural y de estudios biológicos.

La segunda transformación penitenciaria ocurrió en los años 70, cuando se cerró Lecumberri y en su lugar se pusieron en operación los reclusorios preventivos Norte, Oriente y Sur, en la capital del país, que se sumaron al penal que ya operaba como penitenciaria en Santa Marta Acatitla.

En esta época también se inició la planeación de un sistema de penales de máxima seguridad, para atender las necesidades de reclusión de criminales que comenzaban a surgir con estas características.

RECOMENDACIONES

En el texto elaborado por los especialistas penitenciarios Roberto Rojas Argüelles, José Luis Musi, Alberto Carral Dávila y Arturo Guzmán Romano, se presenta una “Propuesta de una nueva reforma penitenciaria integral a la altura de las circunstancias y con gran visión de futuro”.

Un equipo multidisciplinario dedicado al diseño de la nueva reforma penitenciaria nacional (reingeniería total del sistema), con base en un diagnóstico serio y profundo, debe realizar una planificación adecuada a corto y mediano plazo”, se plantea en la propuesta.

En el inciso Subprograma administrativo los especialistas proponen “Enfatizar el sentido humanitario que debe tener el sistema penitenciario, realzando los aspectos de productividad y rentabilidad necesarios en el rescate de esa población, para reincorporarla al desarrollo del país en pleno ejercicio de sus derechos”.

El Sistema de Penales de Máxima Seguridad, que inició el 1992 en la administración de Carlos Salinas de Gortari, con los proyectos de La Palma, en el Estado de México; Puente Grande, en Jalisco, y Matamoros, en Tamaulipas, comienza a ver su fin durante el gobierno de la Cuarta Transformación.

El primer penal en operación fue el ahora conocido como Altiplano en el Estado de México, cuyo primer director fue Juan Carlos de Tavira; mientras que Puente Grande, tuvo como primera directora a Celina Oceguerra Parra.

De ambos penales se logró escapar el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 18 de enero de 2001 de Puente Grande, oculto en un carro de lavandería, y el 8 de julio de 2015 por medio de un túnel de 1.5 kilómetros que conectaron a su celda con el exterior.

La semana pasada se concretó el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social número 2, Occidente, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para la desincorporación definitiva de esas instalaciones del Sistema Penitenciario Federal.

La razón fundamental del cierre del penal de Puente Grande es que es un mito su condición de penal de alta seguridad, ha sido una irresponsabilidad del Estado mexicano tener a criminales de tan alto grado o a personas privadas de la libertad (PPL) de tal alto grado criminal en un penal cuyas celdas, algunas de ellas no tiene ni aldabas”, explicó el funcionario, durante un foro organizado por el Colegio de México.

Al momento del cierre del Cefereso de Puente Grande, por el Acuerdo en el DOF del 28 de septiembre pasado, en el penal había 376 internos, los que comenzaron a ser reubicados de acuerdo a consideraciones de PRS.

Para el secretario Durazo Montaño, el abandono de las instalaciones carcelarias puestas en operación con el proyecto de máxima seguridad, estaban en abandono total.

Desde que se construyó no se le ha metido un quinto, y si bien es cierto que el diseño arquitectónico permite administrar con cierta dignidad el penal, su deterioro ubica a los PPL en condiciones de no dignidad, en condiciones de las que para la autoridad no es posible, nos obstante nuestra pretensión, respetar los derechos humanos”, dijo el funcionario a los académicos del Colegio de México.

Con los cierres de los cinco penales federales de Islas Marías y de Puente Grande, quedan en operación 17 Ceferesos, de los cuales 7 operan bajo el concepto de Contrato de Prestación de Servicios, esto es, bajo la administración de empresas privadas.

Redacción R

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