Reconoce Suprema Corte de Justicia de la Nación validez de dos decretos emitidos por Gobernadora Pavlovich ante pandemia por COVID-19

Reconoce Suprema Corte de Justicia de la Nación validez de dos decretos emitidos por Gobernadora Pavlovich ante pandemia por COVID-19

Hermosillo, Sonora, enero 21 de 2021.- La Segunda Sala del la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la validez de la declaratoria de emergencia por COVID-19 y la reactivación económica en la entidad, decretados por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ante la pandemia por el COVID-19 en el estado.

De acuerdo a un comunicado emitido por la SCJN, en la sesión del día miércoles 20 de enero, a partir de las propuestas de la ministra Yasmín Esquivel Mossala, la Segunda Sala resolvió dos controversias constitucionales que reconocen la validez de dos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo encabezado por la Gobernadora Pavlovich, relativos a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y a las disposiciones de reapertura de las actividades económicas en el estado.

El documento señala que los decretos examinados fueron: la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica, donde se dictan medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID 19, mientras que en la otra se examinó el Decreto por el cual la mandataria estatal emitió las disposiciones para la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020.

“Al analizarlos, la Sala concluyó que, si bien los decretos regulan cuestiones relacionadas con salubridad general, lo cierto es que el Poder Ejecutivo del estado de Sonora actuó bajo el marco que le confiere la Ley General de Salud y la Constitución Federal cuando los emitió. Además, explicó que el Congreso de la Unión otorgó facultades a las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, adopten medidas que tengan como finalidad organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, llevar a cabo programas y acciones que en esa materia les competan y, de manera concreta, para la vigilancia epidemiológica y la prevención y control de enfermedades transmisibles”, explica la SCJN.

Según el texto, se detalla que los decretos analizados responden a un acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General que reconoce la epidemia por el virus SARSCoV2 (COVID19) como una enfermedad grave de atención prioritaria y establece las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. En este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020, se exhortó a los gobiernos de los estados para que, en su calidad de autoridades sanitarias, definieran medidas inmediatas que garantizaran la atención oportuna de la epidemia.

De acuerdo a lo antes mencionado, la gobernadora Pavlovich cuenta con facultades para decretar medidas de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmisibles de naturaleza aguda e infecciosa como es la derivada del virus SARS-CoV2, además se concluyó que las disposiciones de reapertura económica encuentran fundamento en los acuerdos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de la Sesión Permanente del Consejo Estatal de Salud, que recomendaron sujetarse a la estrategia de “Sistema de Alerta Sanitaria” definido por la Federación, donde se establece una apertura gradual y ordenada de las actividades sociales, educativas y económicas.

Se acuerda que, las medidas implementadas por la gobernadora Pavlovich son apoyos y prórrogas hacendarais que benefician a las y los sonorenses, para enfrentar a pandemia, y estas no afectan la hacienda pública, ya que los beneficios se otorgaron sobre impuestos y derechos cuya competencia pertenece a la entidad federativa.

“A partir de las bases anteriores, la Segunda Sala consideró que no se afecta directamente la competencia reconocida a los municipios en lo relativo a la administración de los recursos presupuestales que les corresponden, ni de aquellos que deriven de participaciones o aportaciones federales que, por derecho, les corresponden. Estos fondos y recursos se ven intocados por los decretos impugnados”, menciona el texto de la SCJN.

Luis iriarte

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